2021: el año para priorizar la educación

Llevamos casi un año de estar en educación en emergencia, modelo que significa adaptabilidad, mejora continua y reducción de daños. En el 2020, esto implicó distancia física entre el centro educativo y las personas estudiantes. Este año se recuperará algo de presencialidad. Al día de hoy, no hemos logrado dimensionar el daño que esta distancia generó. Los centros educativos son más que centros de información y conocimiento, son la primera línea de protección para las personas menores de edad, son el acceso que tienen al Estado. Al perder la presencialidad, toda la pluralidad de riesgos que los centros educativos mitigan aflora. El motor principal de desarrollo del país queda varado.



Dada su importancia como fibra medular de nuestra democracia, le debemos a la educación un lugar de completo privilegio, de la mayor prioridad colectiva. Enfrentamos un sistema educativo público que desde antes de la pandemia funcionaba como una represa desbordaba, que lograba algo de contención, pero estaba lejos de hacer su trabajo; un año lectivo sin presencialidad, cuyos daños acumulados al bienestar integral de la niñez todavía desconocemos; y una crisis sanitaria, que tendrá en el 2021, retos propios que como el 2020 afectarán aún más la educación. Además, nos encontramos ante un plan para regresar a la presencialidad que tendrá que ser pulido con el paso del tiempo, ya que lo articulado por el Ministerio de Educación, de tanta escala y novedad se debe de entender como un proceso de mejora continua, adaptable en el tiempo. Todo esto, enmarcado dentro de un año electoral, que nubla la concordancia tan absoluta de la importancia de la educación.


Para enfrentar lo anterior, necesitamos estar en disposición al diálogo, a la escucha, a la acción. Necesitamos lograr una discusión balanceada para navegar las consideraciones de una situación sanitaria crítica y la protección más básica y elemental de nuestro estado social de derecho. La mejor manera de lograrlo es generando confianza, comunicar con transparencia las potencialidades de mejora, movilizarnos para asumir la responsabilidad compartida que tenemos. Es nuestro deber colectivo ser diligentes en la intersección entre el derecho a la salud y el derecho a la educación.


Además, debemos de realizar un plan para contener el daño que ya se genera por la emergencia; esto es ir más allá de las faltantes de contenido y de habilidades de aprendizaje. Minimizar las consecuencias requiere no solo de impartir las materias básicas, sino también de prevenir la exclusión, el embarazo adolescente, el trabajo infantil, el abuso, la malnutrición y la importancia de ciertos estímulos en edades particulares de desarrollo social y cognitivo, para mencionar algunos. Así también, necesitamos nivelar la cancha, para que la estrategia Regresar y su modalidad dual (a distancia y presencial) sea impartida en condiciones similares, con acceso a internet desde la casa para la distancia y que los centros educativos tengan la infraestructura básica en condiciones salubres para la presencialidad.


Lograremos centrar la educación como prioridad, cuando la impotencia de la crisis de desigualdad que se está generando nos mueva a la acción con vehemencia. Es momento de que todos los poderes, los sectores políticos y sociales, prioricen la educación. El bienestar de una generación entera está condicionado a que logremos trabajar de manera colectiva. Solo así podremos asumir los retos que el país tiene en educación. Estos son los momentos que nos definirán.


Por: Andrea González Y, Directora Ejecutiva FYT

23 visualizaciones0 comentarios