En los últimos años, nuestro sistema educativo ha enfrentado uno de los desafíos más significativos de su historia. El deterioro acumulado del sistema, sumado al apagón educativo, ha desencadenado una crisis que se aproxima peligrosamente a un verdadero colapso. Este colapso no solo afectaría la educación, sino también el futuro mismo de nuestro país.
El último informe sobre el Estado de la Educación pinta con claridad la dimensión de la crisis que enfrentamos. Comienza por subrayar cómo los estudiantes avanzan de grado con brechas notables en sus aprendizajes. Esto significa que en este momento tenemos estudiantes cuyo nivel de conocimientos y habilidades no concuerda con su nivel escolar. Cuando los estudiantes progresan sin un dominio adecuado de las habilidades fundamentales, el proceso educativo se vuelve aún más desafiante. Los conceptos más avanzados se erigen sobre una base sólida de conocimientos previos, y si esta base es defectuosa, los estudiantes pueden encontrarse con dificultades persistentes. Esto no solo obstaculiza sus oportunidades futuras, sino que también puede minar su motivación para aprender y su autoimagen.
Esta realidad se agrava por los desafíos históricos que afectan al sistema educativo de nuestro país. Tenemos centros educativos sin bibliotecas, acceso a internet, suministro de agua o baños funcionales, y donde solo en el 9% de ellos se ofrece el currículo completo. Aunque hemos logrado avances notables en la cobertura, como país estamos profundizando desigualdades severas en cuanto a la calidad de la educación. Cuando una porción significativa de la población no puede acceder a una educación de calidad, se perpetúa una desigualdad de oportunidades que socava los cimientos de una sociedad justa y equitativa.
Esta desigualdad de oportunidades no solo afecta a nivel individual, sino que también tiene
consecuencias más amplias para la paz social y la democracia. No es casual que estemos viendo un informe tan alarmante sobre el Estado de la Educación en un momento marcado por una violencia sin precedentes, incluso dentro de los propios centros educativos. La falta de acceso a una educación adecuada genera descontento y frustración entre aquellos que se ven excluidos. Esto puede acentuar la polarización y el enojo, minando la cohesión social y debilitando el entramado democrático.
Esta situación demanda una reflexión inaplazable sobre las soluciones a implementar. Para hacer frente a esta crisis apremiante es imperativo que las autoridades educativas, junto con toda la sociedad, tomen medidas efectivas. Es vital destinar los recursos constitucionalmente asignados para la educación en la mejora de la infraestructura escolar, acciones de nivelación urgentes a lo largo de todos los grados escolares y apoyo para la gestión pedagógica.
Además, es esencial establecer un modelo de evaluación sistemática que proporcionen perfiles precisos de las personas estudiantes y mecanismos de retroalimentación en todos los niveles del sistema educativo. Requerimos un sistema de evaluación sólido para medir el progreso y la eficacia de las acciones emprendidas, que le permita a todos los actores de los diferentes niveles del sistema educativo entender cómo mejorar su gestión.
La educación merece una atención urgente y enfocada en la búsqueda de soluciones. Superar esta crisis exigirá la colaboración de todos los actores involucrados en la educación, desde las autoridades gubernamentales hasta la asamblea legislativa y toda la sociedad en su conjunto. Permitir que el tiempo transcurra sin tomar acciones sería una decisión sin sentido y llevaría a un colapso inevitable del sistema educativo. Es hora de unirnos y trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo, en un sistema equitativo de calidad. Reformar nuestra educación no solo beneficiará a las personas estudiantes directamente afectadas, sino que también sentará las bases para un futuro más próspero y prometedor para el país.
Por Andrea González Yamuni
Directora Ejecutiva, Fundación Yamuni Tabush
Especialista en políticas públicas
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